Luis Caputo, ministro de Economía, anunció cambios en las medidas antidumping para fomentar la competitividad
Este jueves, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una serie de modificaciones que reafirman la decisión de una mayor apertura económica del país. Es decir, habrá competencia entre los productos locales con aquellos provenientes del exterior.
Según el ministro de Economía, se modificará el sistema antidumping, herramienta que tienen las compañías nacionales para denunciar la competencia de productos importados que ingresar al país con un valor menor al de mercado en su país de origen.
En concreto, se derogaron los decretos 1059/96, 1219/06 y 1393/08, mientras que la normativa nueva busca actualizar y consolidar las normas existentes para que haga sentido con la Ley 24.425. Esta última es la que aprueba los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Modificaciones centrales en las medidas antidumping
El Decreto 33/2025, publicado en el Boletín Oficial, trae consigo varias modificaciones en el sistema antidumping. Una de ellas es la reducción de los plazos de duración de las futuras medidas antidumping.
Estas pasan de una duración de 5 años con renovaciones ilimitadas a una vigencia de 3, con una única posibilidad de extenderse por 2 años más. Por lo general, los derechos antidumping se usan cuando el precio de un producto importado se vende por valores debajo del mercado del país de origen, lo que genera una competencia desleal con aquellos fabricados en Argentina.
No obstante, en nuestro país, estas medidas funcionan como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece el costo de vida de las personas. De hecho, hay productos en Argentina que, con más de dos décadas de protección, duplican el valor al que se comercializan en otros países, como sucede con las planchas en nuestro país comparado con Europa.
De hecho, los derechos antidumping que abonan algunos productos pueden superar ampliamente el 200%. Para arreglar este problema, el Gobierno determinó que las investigaciones previas a la aplicación de estas medidas contarán con un plazo máximo de 8 meses, contra los 12 que estaban anteriormente.
Además, los trámites también se simplifican, ya que, en lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas, ahora se gestionará todo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
A su vez, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía estarán a cargo del análisis de los casos “para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores”.
Según lo explicado por las autoridades nacionales, con la reforma anunciada “se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado“.
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